El lobby (feroz) y las ovejas de la mesta

El lobby (feroz) y las ovejas de la mesta

Hace meses (el 15 de enero de 2013) un artículo de esta página (“La clase política no teme a la Ley de Transparencia”) estaba dedicado al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, con el que algo tiene que ver el que hoy publicamos.

Los proyectos de ley presentados por los sucesivos gobiernos, de cualquier signo político, suelen ser, como los rifles, de repetición: se anuncian cuando se piensan, se vuelven a anunciar cuando se preparan, se anuncian una vez más cuando se elabora el anteproyecto, se vuelven a anunciar cuando se eleva a proyecto de ley (momento en el que los periodistas acostumbran a decir que”se ha aprobado la ley”) y después sirven para llenar titulares e informaciones de prensa cada vez que culminan cualquiera de las sucesivas –no menos de cuatro, y normalmente seis- fases de su tramitación parlamentaria.

El proyecto de Ley de Transparencia no ha escapado a este fenómeno y, siendo como ha sido un sujeto de atención especializada, parecería que ya estuviese en vigor cuando sólo ha iniciado su andadura en el Congreso. No nos vamos a ocupar en este momento de su contenido más supuestamente innovador (el acceso a la información pública, cuya máxima atención se ha concentrado en si afectará o no a la Casa del Rey) porque ya ha dado lugar a ríos, si no de tinta, sí de bytes. Como muestra adicional, además de la citada, se puede leer la colaboración crítica de Elisa de la Nuez en el blog ¿Hay Derecho? “No preguntes qué puede hacer la transparencia por tí, sino qué puedes hacer tú por la transparencia”

En el curso de las comparecencias de varios representantes de la “sociedad civil” ante la Comisión Constitucional del Congreso para ilustrar a sus señorías sobre el contenido del proyecto de Ley de Transparencia, uno de ellos (el señor Navarro) expuso el 20 de marzo de 2013 “la opinión de un grupo de empresas que formamos parte desde ya hace dos años del Foro por la Transparencia y que venimos pidiendo la regulación, como luego insistiré, de los grupos de interés en la legislación española”. Su organización había remitido a los grupos parlamentarios unas enmiendas sobre la regulación de los lobbies en nuestro país.

No era nada nuevo en el panorama europeo pues se remonta a 1992 el primer documento de la Comisión Europea –ya obsoleto- que sentaba las bases para “Un diálogo abierto y estructurado entre la Comisión y los grupos de interés”. Seguiría en 1997 una “Decisión del Parlamento Europeo sobre la modificación de su Reglamento (código de conducta aplicable a los representantes de grupos de interés”, y un largo rosario de comunicaciones, consultas, libros verdes, libros blancos, documentos de trabajo, reuniones de los grupos de trabajo y demás ejemplos de la comitología europea que han culminado finalmente en el año 2011 (Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de julio de 2011) con un acuerdo institucional en la materia.

En efecto, el Parlamento y la Comisión han acordado establecer y mantener un “Registro de transparencia para la inscripción y control de las organizaciones y las personas que trabajan por cuenta propia que participan en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión Europea”. Como de costumbre, un tributo a la concisión en el lenguaje. El acuerdo de ambas instituciones incluye un código de conducta aplicable a los lobbies, una minuciosa relación de sujetos incluidos y excluidos de la regulación (entre estos últimos, por ejemplo, los partidos políticos o las iglesias), así como el régimen jurídico al que se deben someter las actividades sujetas y la enumeración de las exentas (entre estas últimas, la prestación de asesoramiento jurídico o profesional).

La moda, pues, si de moda se trata, ha atravesado los Pirineos en el año 2013, como reflejaba la intervención del señor Navarro -y de otros comparecientes- ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Y aunque el texto originario (2012) del proyecto de Ley de Transparencia no incluía ninguna referencia a los lobbies, en una ulterior propuesta del Gobierno “para mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción”, presentada con toda solemnidad (esto es, mediante power point) el 20 de febrero de 2013, se encuentra la “regulación parlamentaria de los grupos de interés o lobbies (reforma del reglamento de las Cámaras)”.

La propuesta, ¡oh sorpresa!, recoge las dos medidas ya aplicadas en la Unión Europea, esto es “la creación de un registro de grupos de interés en las Cortes” y “el establecimiento de un código de conducta con actividades, límites y obligaciones”. Se trata, pues, de aprobar para España –pero, al parecer, sólo en lo que afecta al parlamento, no al ejecutivo, al menos por ahora- un régimen similar al que contiene el acuerdo institucional entre la Comisión y el Parlamento europeos sobre los lobbies que dan vida y animación a los restaurantes de Bruselas (hay quien afirma que el número de profesionales a ellos dedicados asciende a 15.000 ante las instancias comunitarias). No hay nada como la fotocopia para facilitar la “creación normativa”.

Más recientemente aún, el diario El País informaba el 2 de junio de 2013 sobre la propuesta que, también al parecer, maneja La Moncloa en cuanto a la actividad de los lobbies, centrada en el establecimiento del taumatúrgico registro (el entusiasmo de este gobierno por los registros, en general, es perfectamente descriptible).

Según esta propuesta, afirmaba el periódico madrileño, “solamente las organizaciones válidamente inscritas en el registro podrán participar en los procesos de consulta pública y comparecencias”. Y las actividades a las que se refiere incluirían los “contactos, reuniones o comunicaciones directas con miembros de las Cámaras o con asesores al servicio de los Grupos Parlamentarios; la preparación, difusión o comunicación pública de estudios, documentos e informes orientados al debate político o a contribuir a la fijación de posiciones políticas sobre iniciativas legislativas, modificaciones en las mismas o, en general, sobre cualquier decisión política que deba adoptarse por las Cámaras o por sus órganos internos; la participación en procesos de consulta pública sobre iniciativas legislativas o mediante la comparecencia de sus representantes ante las Comisiones de las Cámaras y la organización regular de eventos, encuentros, actividades promocionales, actividades académicas o actos sociales con participación de miembros de las Cámaras o asesores de los Grupos”.

Pensar que la regulación de los lobbies va a embridar sus actuaciones resulta más un piadoso deseo que otra cosa. Con o sin régimen jurídico, inscritos en un registro público o sin inscribir, los principales grupos de intereses seguirán ejerciendo su influencia, abierta o solapada, en las decisiones gubernativas y parlamentarias. Como lo han hecho toda la vida en la historia de España (y del resto de las naciones, va de suyo).

Uno de nuestros lobbies más conocidos, del que hoy apenas se habla (casi nadie sabrá ya, fuera de los opositores, distinguir las cañadas de los cordeles y las veredas, o los abrevaderos, descansaderos y majadas, a todos los cuales todavía se refiere el artículo 570 del Código Civil), fue el Honrado Concejo de Pastores de la Mesta, el gremio en defensa de los intereses ganaderos que privilegió desde su creación Alfonso X en 1273. Varios siglos de enfrentamientos con los agricultores, que la odiaban porque sus tierras eran sustraídas al cultivo y esquilmadas por los rebaños a su paso trashumante en busca de pastos, fortalecieron los mecanismos de presión de la Mesta a los poderes públicos de la época para que mantuvieran y acrecentasen sus privilegios.

Entre los clásicos de la literatura económica española, a la vez que ejemplo del arbitrismo frecuente bajo los Austrias en las épocas de crisis y decadencia de nuestras finanzas, figura el libro “Restauración de la Antigua Abundancia de España”, publicado en 1631 por Miguel Caxa de Leruela, quien había sido uno de los “Alcaldes mayores entregadores” de aquel Honrado Concejo, representante típico de la actividad de lobbying.

La obra de Caxa de Leruela es un prototipo avanzado o paradigma de un grupo de presión que presenta sus intereses corporativos como solución a los males de la Patria. Achaca las dificultades económicas del reinado de Felipe IV no a la guerra de Flandes, ni a “la negociación de extrangeros” ni a “la ociosidad de los naturales por el abuso de los censos, juros, vínculos y mayorazgos”, ni “a la entrada de mercaderías estrangeras”, causas todas ellas comúnmente invocadas, sino al “rompimiento de las dehesas y pastos comunes” y a la supresión de algunos de los privilegios de que la Mesta “había gozado desde su inmemorial establecimiento”.

Tras afirmar que “de la quiebra de la crianza de los ganados sea de tener por constante la ruina del estado público” y que “los ganados son riqueza sólida y tanto más excelentes que el oro y que la plata, cuando es lo más vivo que lo muerto”, Caxa de Leruela dirige su memorial al Rey y a la Junta de Cortes de los Reinos de Castilla y de León para exponerles todo un programa de gobierno en defensa de los intereses ganaderos, atacados por quienes “han buscado desalumbradamente en la labranza la munición de vituallas, que depositó la Providencia en la crianza de los ganados”.

El lobby en el siglo XVII ya sabía utilizar en su favor los caudales públicos, quizás por su secular experiencia en la actividad de esquilmar al ganado. En 1626 el mismo Caxa de Leruela había solicitado de las Cortes un subsidio para imprimir su memorial, “ayuda de costa” que en cuantía de ochocientos reales le fue efectivamente concedida el 13 de febrero de 1627 con cargo a “los gastos del Reino pagables por el receptor general”. En los libros de cuentas de la Mesta de 1628 figura, por su parte, otra contribución de doscientos reales “al impresor Andrés Parra para la edición del libro del Licenciado Miguel Caxa de Leruela”. El lobby ganadero comía, pues, a dos carrillos en el siglo XVII y se beneficiaba del dinero público incluso para editar las propuestas con las que trataba de dirigir, en un determinado sentido, la política económica de la época.

La Mesta no sería abolida hasta 1836. Pensar que con ella desaparecieron del solar patrio los poderosos grupos de presión es como creer que fue Caperucita quien al final se comió al lobby feroz.

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