La sanidad pública madrileña no se privatiza

La sanidad pública madrileña no se privatiza

En las últimas semanas hemos asistido a numerosas manifestaciones, movilizaciones y huelgas por parte de los trabajadores del sector sanitario madrileño, conocidas como “batas blancas”. El origen de estos hechos se remonta a la decisión tomada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid referente a la privatización de la gestión de varios hospitales y centros de salud. Sin entrar en el debate sobre si es mejor la sanidad pública o la sanidad privada, ya que cada uno tiene su propia experiencia personal y/o familiar, completamente válida y, al tiempo, subjetiva. En cualquier caso, imagino que, como en todos los sectores y en todas las empresas, habrá muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos profesionales en ambos ámbitos, tanto en el público como en el privado.

Sin embargo, lo que más me ha sorprendido acerca de este asunto no ha sido la reacción de la prensa y de determinados grupos políticos o del personal afectado. Lo que de verdad me ha sorprendido ha sido la falta de conocimiento (voluntario o intencionado) y el mensaje transmitido, obviando toda diferencia existente entre privatizar un servicio, privatizar la gestión de un servicio y la gestión pública de un servicio:

  • Privatizar un servicio significa, simple y llanamente, que los usuarios pagarán o bien cada vez que utilicen dicho servicio o bien mediante el abono de una cuota (que podrá ser semanal, mensual, trimestral, anual o como se establezca en el contrato de adhesión correspondiente). Esto es lo que ocurre con la sanidad privada: cuando una persona acude a un médico concreto o bien aquél se encuentra en la lista de médicos de su compañía o bien tiene que abonar el coste de esa consulta. En el supuesto de que tuviésemos que pagar por el servicio que, como cualquier profesional presta, porque no se incluye en esas listas de las compañías aseguradoras o en la de nuestra compañía, observamos que, además, el precio que se paga difiere de unos médicos a otros, aunque sean de la misma especialidad. Esto se produce, sencillamente porque entran en juego factores de mercado, como la calidad del profesional y, por lo tanto, del servicio que presta.
  • Privatizar la gestión de un servicio, considerado público, significa que los usuarios de dicho servicio van a poder seguir utilizando ese mismo servicio sin necesidad de abonar un precio directo (lo pagarán indirectamente vía impuestos, propios y de otros, como se venía haciendo cuando la gestión del servicio era pública). Esta tipología de gestión de servicios consiste en que una compañía especializada en la gestión y prestación de determinados servicios (en este caso de gestión sanitaria), por vía de concurso público-administrativo, será la encargada de llevar a cabo la administración y prestación del servicio público correspondiente de acuerdo con la transferencia de ingresos que reciba por parte de la Administración Pública. Para poder cumplir el (estricto) contrato de concesión, la concesionaria goza del privilegio de poder seleccionar a su personal, la mayor parte de las veces, siguiendo criterios de mercado.
  • La gestión pública de un servicio, por su parte, significa que es la propia Administración Pública la que recauda los fondos, administra, gestiona y presta el servicio. Los fondos para llevar a cabo dicha actividad, como es lógico, provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. El régimen jurídico al que se suelen someter los trabajadores es el de funcionario o, en algunos casos, contratado laboral del sector público.

Analizadas, de forma breve y general, las tres formas típicas de prestación de un servicio, lo que observamos es que en la Comunidad de Madrid no se está proponiendo la privatización del servicio de sanidad, como parecen decir una y otra vez los trabajadores de sanidad y algunos grupos políticos y medios de comunicación. Al contrario de lo que dichos grupos de presión están transmitiendo, el servicio de sanidad va a seguir financiándose como hasta ahora por medio de los impuestos que pagan las empresas y ciudadanos.

Cuestión distinta es la relativa a posible merma de calidad del servicio prestado. Si bien este es uno de los argumentos más utilizados por los trabajadores de la Sanidad, lo cierto es que su argumentación no es del todo correcta y/o completa. Según un reciente estudio elaborado por Health Consumer Powerhouse sobre la calidad de los sistemas sanitarios públicos en treinta y cinco países europeos, la sanidad pública holandesa es una de las mejores, si no la mejor, con una puntuación de 872 puntos sobre un total de 1000 posibles. Grosso modo, el sistema neerlandés de salud se caracteriza por ser un servicio de financiación pública y de gestión privada, en el que, además, existe una característica muy a tener en cuenta: los holandeses tienen la obligación de contratar un seguro de salud con un catálogo mínimo de servicios exigidos por el Estado, en el que los pacientes de riesgo gozan de una especial protecciónpara que nadie pueda quedar excluido por Ley (obteniendo las aseguradoras una serie de beneficios) y en el que el copago no es una norma extraña. Resulta curioso (o no) que otro sistema de salud de gran calidad como es el sueco también se caracterice por seguir el criterio de financiación pública del servicio y gestión privada. Sin embargo, no hace falta que no vayamos tan lejos para comprobar que el criterio financiación pública-gestión privada es satisfactorio. En España, la propia Comunidad de Madrid ha seguido este criterio en varios de los hospitales de nueva creación, como el Hospital Puerta de Hierro, Hospital Infanta Leonor o el Hospital Infanta Elena, con un notable éxito de funcionamiento y calidad de los servicios prestados (según declaraciones de los propios usuarios del servicio). Por cierto, según dicho estudio, España ocuparía la posición de 24º del ranking.

Ahora bien, si la experiencia propia y de nuestro entorno demuestra que el criterio financiación pública-gestión privada es viable y satisfactorio ¿por qué existen todas estas posturas tan radicalmente opuestas a cambiar un sistema que puede ir a mejor? Me voy a aventurar a dar una respuesta: por los privilegios. El sector público español, en el que impera la figura del funcionario, es un sector tremendamente privilegiado, no sometido en ningún momento a criterios de mercado: el sector público, para sobrevivir, siempre ha tenido que amoldarse al sector privado y copiar, en la medida de lo posible, sus pautas. El trasvase no es público-privado, sino privado-público, y ello porque el sector privado, al competir, es el que ha demostrado mayor eficiencia.

No sé si el sistema de colaboración público-privado que quiere implantar la Comunidad de Madrid en el ámbito de la Sanidad es el más adecuado o no. Lo que sí sé es que la información que han estado dando determinados medios de comunicación y, muy especialmente, los trabajadores de la Sanidad Pública madrileña es falsa. Como he explicado más arriba, la privatización de la gestión del servicio no quiere decir que se vaya a privatizar la Sanidad, ya que ésta se va a seguir financiando con fondos públicos obtenidos de los impuestos. Lo que sí es muy probable es que sus protestas provengan de un posible cambio de régimen laboral, perdiendo los privilegios del funcionario y sometiéndose a los principios de mercado de trabajo, donde la exigencia se mide día a día y si no se cumple como se debería, existe la posibilidad de despido. Ésa, creo yo, es la auténtica protesta.

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