Mercantilismo en el siglo XXI

Rothbard define así el mercantilismo en su magnífica obra de Historia del Pensamiento Económico: “Mercantilismo es el nombre dado por los historiadores de finales del siglo XIX al sistema político-económico del estado absoluto […] El mercantilismo ha sido denominado por diversos historiadores y observadores como un sistema de construcción del Poder o estado (Eli Heckscher), un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir importaciones y subsidiar exportaciones (Adam Smith), o como un conjunto imperfecto de teorías económicas, entre ellas el proteccionismo y la supuesta necesidad de acumular oro y plata en un país. En realidad, el mercantilismo fue todas estas cosas; fue un vasto sistema de construcción estatal, de privilegio estatal y lo que podría llamarse capitalismo monopolista de estado”. En otras palabras, el mercantilismo no es sino el rostro económico del estado absolutista, y “como dimensión económica del absolutismo estatal, el mercantilismo fue por fuerza un sistema de construcción del estado, de Gran Gobierno, de fuerte gasto real, de impuestos elevados, de inflación y déficit financiero, de guerra, imperialismo y engrandecimiento de la nación-estado”.

Así, por ejemplo, no es de extrañar que podamos trazar un claro paralelismo entre el mercantilismo como modelo económico del absolutismo monárquico y la actual política económica del estado de bienestar y guerra (Welfare/Warfare State). Es posible, y ciertamente así tiende a verse, que se hayan producido un buen número de cambios significativos desde los siglos de dominio del estado absoluto hasta nuestras sociedades actuales. El clima general de opinión pública es que dichos cambios han sido orientados para mejorar: democracia, “derechos” sociales, supuestas constituciones garantizadoras de las libertades individuales, etc. Todo parece pensado para que en la opinión generalizada cale muy hondo la idea central del discurso político dominante que ya fue bien expuesto por Mussolini: “todo en el estado, todo para el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado”.

En realidad, si han existido cambios, son de maquillaje, y la política económica es un buen rasgo para medirlo. El mercantilismo, como doctrina económica, sigue bien presente en el ideario colectivo, en la mentalidad de los decisores de políticas públicas para los cuales no existe peor enemigo que el mercado y la libertad de los seres humanos: libertad para elegir y actuar conforme a sus preferencias y su conocimiento (mucho más ajustado que el del burócrata) sobre las condiciones particulares de tiempo y lugar en que su acción se desenvuelve.

Los pilares del mercantilismo siguen vivos: el control de precios, la manipulación monetaria, la obsesión por una “balanza comercial positiva”, las políticas de pleno empleo… En resumen, la ampliación del control político de los procesos del mercado.

Es cierto que las justificaciones actuales de esas políticas no pasan por la legitimidad de origen divino por la cual los reyes son efectivamente reyes, y rara vez se proclaman en nombre de la gloria de la nación o de un supuesto progreso del imperio. Simplemente, esas justificaciones quedan extemporáneas. Ahora resulta más “vendible” decir que son políticas del bienestar emprendidas en nombre de la soberanía popular y en beneficio de un interés general. La metafísica teológica del origen divino del poder real se ha sustituido por otra fórmula, también metafísica, de gobierno de la mayoría y de un interés general diferente de los intereses individuales de cada uno de los miembros de la sociedad. No dejan, sin embargo, de ser reclamaciones cuasi-religiosas que ningún fundamento aportan, nada aclaran y solamente enturbian más la comprensión de los fenómenos económicos subyacentes.

El proteccionismo está a la orden del día. Es cierto, ya no existe la imperialista Compañía de las Indias Orientales. Pero no quedan demasiado lejanos los intentos de gobiernos europeos por formar lo que algún iluminado llamó en su día “campeones nacionales”. ¿Y qué son los “campeones nacionales”? Muy fácil. Son las empresas oligopólicas montadas por el poder político al margen de las reglas normales de un mercado libre para beneficiar a sus amigos y para que las grandes empresas hagan negocio garantizado a la sombra del poder, a costa de graves perjuicios para los consumidores. Unos consumidores que no dejan de ser, en última instancia, los propios ciudadanos a los que presuntamente la metafísica del interés general y la soberanía popular en teoría dicen defender.

“Hacienda somos todos” reza el dicho propagandístico. Sí, pero como concluiría aquel “pero algunos somos más hacienda que otros”. Lo público no deja de ser un camuflaje. Lo público no es de todos, pues si tal cosa fuese así, con lo público debería operar una fórmula del tipo quod omnes tangit ab omnibus approbatur debet (lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos). En realidad, lo público no es sino lo que sale de todos pero controlan su uso solamente unos pocos: aquellos que ostentan el poder político, y que pueden medrar en el uso que se hace de dichos fondos supuestamente públicos.

El estado absolutista contaba con estamentos privilegiados por cuestión de nacimiento. No era lo mismo nacer noble que nacer en el pueblo llano. La Iglesia también gozaba de su privilegio estamental, aunque nuevamente no eran iguales los eclesiásticos de la nobleza que los del sustrato popular en una campiña en Francia. Hoy, por supuesto (faltaría más con lo modernos que somos), ya no existen estamentos de nobleza, clero y vulgo. No se estila. ¿Significa que desaparecieron los estamentos privilegiados? Pues no, simplemente hay que comprobar la situación en la que se encuentran los dirigentes de grandes empresas, los sindicalistas o la casta política en el poder, entre otros colectivos, para darse cuenta que las clases todavía existen, pero eso sí, ahora en beneficio del pueblo y no como antaño que era en beneficio de los malvados aristócratas.

Los mercantilistas de ayer eran arbitristas. ¿Y qué diantres era un arbitrista? Pues según Perdices de Blas y Reeder “el término arbitrista fue empleado en sentido peyorativo en la literatura del siglo XVIII, como ha mostrado Jean Vilar, para designar a la persona que inventa planes o proyectos disparatados o empíricos para aliviar la hacienda pública o remediar males políticos”. Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, ya no existen arbitristas. El arbitrista era un interesado, que producía remedios siempre buscando el beneficio personal de su propio negocio. Por ejemplo, Thomas Mun insistía en la idea de que el saldo comercial desfavorable hacía perder oro y riqueza a Inglaterra y que la solución pasaba por prohibir o limitar las importaciones. Destacaba no obstante Mun que existía una excepción a este caso que lejos de empobrecer, enriquecía al país: la labor de la Compañía de las Indias Orientales. Por supuesto, era mera casualidad que Mun fuese miembro y socio de dicha compañía, no hay que pensar mal. Sin embargo el caso más fascinante y maravilloso es el de Edward Misselden que en 1622 publicó un panfleto acusando a la Compañía de las Indias Orientales de estar tras la decadencia comercial de Inglaterra y ante su crisis de reserva de metales. En 1623, no obstante Misselden publicó otro panfleto, exonerando a la compañía y recomendando la devaluación de la libra. ¿Qué había sucedido entre ambos panfletos para que el señor Misselden fuese como San Pablo al caer del caballo? Pues más o menos, y es que en 1623, entre ambos folletos, ¡le habían nombrado miembro de la compañía!

Ahora por supuesto no tenemos arbitristas, qué feo queda todo eso. Ahora tenemos unos maravillosos y chics policy advocates y unos maravillosos grupos de interés sectoriales que operan por los cauces democráticos y merecen la estima social y sus nutridos salarios.

Quizás el caso de la Compañía de las Indias Orientales sea escandaloso. No lo es menos, no obstante, el de la banca y las finanzas en pleno siglo XXI, cuya simbiosis con el poder político alimenta muchas bocas.

Uno puede empezar concediendo un privilegio a los bancos: por ejemplo el de prestar los depósitos y generar medios fiduciarios sin control alguno. Es lo que se conoce como banca con reserva fraccionaria. De ahí, y por su inestabilidad necesaria en términos lógicos, debe procederse a una serie de garantías y privilegios adicionales: fondos de garantía de depósitos, procesos de cartelización bancaria, creación de bancos centrales como prestamistas de última instancia, responsabilidad limitada por deudas contraídas, suspensión de convertibilidad del billete bancario, y tantas otras. ¿El resultado? La crisis que vivimos. Responsabilidad directa de un entramado institucional de privilegios y favores mutuos entre poder político y poder económico. ¿Y cuándo las cosas van mal? Pues ya se sacará dinero al contribuyente para que los amigos del poder no se vayan a la ruina.

En pleno siglo XXI podemos por lo tanto decir aquello de “¡El Mercantilismo ha muerto!, ¡LARGA VIDA AL MERCANTILISMO!”.

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