Con toda seguridad, la aparición y consolidación del Estado de Bienestar ha sido el fenómeno más determinante de la historia de Europa del siglo XX, puesto que ha transformado radicalmente las estructuras políticas, sociales y económicas de los Estados europeos de forma permanente e irreversible. Sin embargo, pese a la trascendencia que tiene el Estado de Bienestar y pese a su complejidad, pocas instituciones aparte de esta están siendo manipuladas en la actualidad con más frivolidad y maniqueísmo por los partidos políticos y movimientos sociales. Desde burdas proclamas como el “quieren acabar con todo” hasta la supuesta insostenibilidad congénita del sistema público de pensiones denunciada recurrentemente desde la década de los 80, pasando por la apropiación de las políticas sociales por todos los partidos políticos como si les perteneciesen, el debate en torno al Estado de Bienestar ha alcanzado cotas inaguantables de demagogia y superficialidad.

Para empezar, es necesario aclarar a la opinión pública española que el Estado de Bienestar no es algo que ‘consiguieron los de abajo (léase la izquierda) a costa de luchar contra los de arriba (léase la derecha)’ y que ahora la “derecha extrema” quiere desmantelar. No, lo siento mucho pero eso no fue así. Por muy loables que puedan ser las políticas sociales en la actualidad, la historia nos demuestra que la aparición y la consolidación del Estado de Bienestar en Europa no fue el resultado de una lucha romántica de los desarrapados unidos frente a los privilegiados. Antes bien, las primeras políticas sociales fueron adoptadas en el XIX por gobiernos conservadores con dos finalidades: apaciguar las demandas de la clase obrera para evitar la revolución y cuidar de su pueblo como un buen pater familias. Y lo mismo cabe decir de otros conceptos relacionados: la idea de ‘Estado Social’ no fue elaborada por Marx, sino por un filósofo conservador llamado Lorenz von Stein, y la ‘economía social de mercado’ no la inventaron los socialdemócratas, sino los ordoliberales de la CDU (Walter Eucken, Ludwig Erhard y cía.) por poner sólo unos ejemplos.

Como es sabido, a finales del s. XIX, España vivía un período de fuerte expansión económica. El auge de la industria y la transformación radical de la sociedad son tardíos en comparación con Inglaterra o Alemania, pero muy similares en sus consecuencias: empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, emigración interior a las ciudades, nacimiento del proletariado y con él de las asociaciones obreras… En ese contexto histórico, los gobiernos liberales y conservadores trataron de estabilizar el sistema político y afianzar el capitalismo, todo ello por medio del turnismo pacífico entre los partidos de Cánovas y Sagasta, que marginaron a las organizaciones obreras desde el primer día mediante el Real Decreto de 10 de enero de 1874 que disolvía la sección española de la Internacional.

Sin embargo, la clase dominante no podía ser ajena al pauperismo de la clase obrera que alimentaba el radicalismo del movimiento anarquista y cuyas acciones violentas suponían un auténtico desafío a las instituciones. Por ello, en 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales por Real Decreto bajo la presidencia de Moret. Esta comisión puede ser vista como el primer intento de institucionalizar en España la llamada “cuestión social” al que siguió, en 1900, el primer seguro social por medio de la Ley de Accidentes de Trabajo, al establecer la responsabilidad objetiva del empresario. El fundamento pragmático de esta comisión es claramente identificable en el preámbulo del Decreto: “Las huelgas, las crisis industriales, las exigencias de la educación y del socorro, […], las complicaciones de todas estas fuerzas sociales con el movimiento político, han sido, donde quiera, y ya lo son también en España, causas de preocupación para todo Gobierno y de alarma para la opinión pública.”.

Si bien mucho más tempranamente, el nacimiento de los seguros sociales en Alemania responde a una dinámica similar. El II Imperio fue fundado en 1871 bajo la batuta de Prusia, que era la potencia militar más importante en Alemania y cuyas instituciones eran muy conservadoras y autoritarias así como puritanas protestantes. Por entonces ya existía en Alemania una considerable población proletaria muy influenciada por los escritos revolucionarios de Marx y Engels y cuyas condiciones de vida eran extremadamente precarias. En este sentido, el Estado, controlado por Otto von Bismarck, fue consciente de que era indispensable neutralizar a las asociaciones obreras para otorgar estabilidad al recién nacido Reich y atraer al proletariado a la causa de la unificación alemana, todo ello sustentado por una concepción de las funciones estatales de carácter paternalista dentro de la tradición política prusiana. Esta política se caracterizó por una represión violenta de la socialdemocracia por medio del Sozialistengesetz (Ley de los socialistas) de 1878, que prohibía todo partido político de izquierdas. Pero también se caracterizó por el nacimiento de los seguros sociales: lo que el socialismo trató de alcanzar para el trabajador mediante la acción, fue otorgado a éstos por Bismarck como concesión graciosa del Estado.

La Kaiserliche Botschaft (mensaje imperial) del emperador Guillermo I fue promulgada en 1881 y contenía la mencionada concepción paternalista de las instituciones que se traducía en el leitmotiv ‘reformas desde arriba’: “[…] queremos poner de manifiesto que la curación de la cuestión social no puede ser buscada exclusivamente en el camino de la represión de los excesos socialdemócratas, sino también en la mejora de la situación de los trabajadores […]”. Se puede afirmar por tanto que en ambos casos, España y Alemania, la legislación social se concibió en sus orígenes como un intento de neutralizar la fuerza de las organizaciones obreras, lo cual es refrendado por las medidas represivas que la acompañaron.

A la vista de lo anterior, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿deben ser derogadas aquellas políticas sociales aprobadas por regímenes autoritarios y en un contexto de ausencia de libertades democráticas? Desde el punto de vista jurídico, la respuesta es clara: una norma jurídica está vigente en tanto en cuanto no se oponga a lo dispuesto en la Constitución ni haya sido derogada expresa ni tácitamente por el Derecho posterior. Un ejemplo paradigmático sería el del Decreto de 8 de junio de 1938 que establece la obligatoriedad de los comedores de empresa y que fue aprobado por el primer gobierno presidido por Franco. En este sentido, el TS ha afirmado en 2012 que la normativa, al margen de su ideología y terminología, es plenamente vigente en la actualidad. Pero incluso desde el punto de vista de la oportunidad política, no creo que haya que renegar de las políticas del Estado del Bienestar por sus orígenes paternalistas, ni que haya que eliminar el sistema de seguridad social porque sus bases fuesen establecidas en 1963 en pleno franquismo. Al contrario, creo que el modelo social europeo es uno de los mayores logros alcanzados por la humanidad y que es necesario preservarlo y mejorarlo. Pero es importante conocer la historia y entender adecuadamente los orígenes y fundamentos de los modernos sistemas de protección social para tener siempre presente que estas políticas han perseguido y persiguen otros objetivos, además de la finalidad última declarada que no es otra que atender a las necesidades básicas de todas las personas por su sola condición de seres humanos dotados de dignidad. En efecto, todos los regímenes políticos han utilizado estas políticas para mantenerse en el poder, atraerse el voto de las masas y apaciguar las reivindicaciones de verdadero cambio del sistema. Buena muestra de ello lo encontramos en el caso de los Hermanos Musulmanes y de Hamás, cuya popularidad se debe en buena medida a que cubren las contingencias más básicas allí donde no llega el Estado. Del mismo modo, Amanecer Dorado está desarrollando iniciativas asistenciales, como comedores públicos o una red de médicos que atienden gratuitamente a griegos de pura raza.

Conocer la historia y entender el porqué de las cosas es esencial para opinar con criterio sobre los problemas actuales y desarrollar una conciencia crítica. Y en el caso del Estado del Bienestar más aun. El modelo social europeo se encuentra en crisis debido a causas coyunturales y estructurales. Plantear un debate serio sobre este modelo requiere por tanto un mínimo conocimiento de sus orígenes, ya que estos nos demuestran que el sistema tiene innegables virtudes, pero también algunos riesgos. La clave está, como en todas las cuestiones que afectan a la vida en sociedad, en situar el fiel de la balanza equidistante entre la responsabilidad individual, para evitar caer en una situación de dependencia y minoría de edad respecto de los poderes públicos, y la garantía estatal de un nivel mínimo de bienestar y de la igualdad de oportunidades.